Las otras verdades/
Eduardo Cruz Silva
Hasta hace pocos días, sumaban ya casi 80 los Ayuntamientos de Oaxaca,
que habían incorporado sus páginas
electrónicas al Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IEAIP). En donde cualquier ciudadano
u organismo podrá consultar información referente a la administración de cada
municipio.
Esta acción es para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia Estatal
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. La cual en su Artículo
9 señala: Con excepción de la información reservada y confidencial prevista en
esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, sin
que medie solicitud alguna, así como difundir y actualizar dentro de los sesenta
días naturales a que surja o sufra alguna modificación, en los términos del
Reglamento Interno y los lineamientos que expida el Instituto.
También es obligación de los Ayuntamientos de acuerdo al Artículo 16 difundir los siguiente: I. Estadísticas e indicadores del desempeño
de sus órganos de gobierno, dependencias y entidades paramunicipales; II. La
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; III. El Plan de Desarrollo
Municipal; IV. Los indicadores de calidad de los servicios públicos que presten
los Ayuntamientos; V. Las resoluciones y acuerdos aprobados por los
Ayuntamientos; VI. El calendario con las actividades culturales, deportivas y
recreativas a realizar; VII. Las actas de sesiones de cabildo; VIII. La
información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial, incluyendo
la relación de los bienes muebles e inmuebles, con los inventarios actualizados.
El apartado agrega otros incisos: IX. Sobre el ejercicio del
presupuesto deberá publicarse la información sobre la ejecución de las
aportaciones federales y estatales, pudiendo identificar el programa para el
cual se destinaron y en su caso, el monto del gasto asignado por el propio
Municipio; X. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se
deberá considerar toda aquella información sobre los programas sociales
administrados por los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la
Familia; XI. Todo lo concerniente a la prestación del servicio de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, tarifas y modalidades de contratación y pago; y XII.
El marco normativo y regulatorio completo del Municipio.
Trascribimos lo que ordenan los artículos antes citados, en virtud que
al consultar la página oficial nos percatamos que Ayuntamientos que apenas si
disponen de recursos para hacer frente a las necesidades de sus pueblos, se han
esmerado en cumplir con la nueva ley. En algunos casos, los portales de
internet presentan un diseño profesional y
muestran información adicional, monografías, sitios turísticos,
etcétera. Otros más, ofrecen páginas pobremente creadas pero que cumplen con
los requisitos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Oaxaca.
En el caso de la Mixteca Oaxaqueña, apenas son 13 los Ayuntamientos que
han cumplido con la obligación de transparentar el ejercicio de su gobierno
entre los que se encuentran: Silacayoapan, Tlaxiaco Huajolotitlán, Caloxtepec,
Asunción Cuyotepeji, Chazumba, Zapotitlán Palmas y Tamazulapam entre otros. Lo
curioso es, que son municipalidades que en nada se comparan a los millonarios
recursos que el Ayuntamiento de Juxtlahuaca recibe de participaciones Estatales
y Federales. Sin embargo, han puesto a la vista de todos hasta el minino gasto en su afán de transparentar el
destino de esos recursos.
En cada página electrónica podemos encontrar también, los ingresos que
perciben los concejales de cada Ayuntamiento, que por cierto también, son
totalmente austeros en comparación con los ingresos que hasta ahora se conoce
de los integrantes del Ayuntamiento de Juxtlahuaca. Se puede entender que en
muchos pueblos de la geografía oaxaqueña, el convertirse en autoridades
municipales es parte del servicio que están obligados a prestar
independientemente del color partidista que gana la elección.
Lo mismo ocurre, en el caso de los municipios que eligen a sus
autoridades por el régimen de “Usos y Costumbres”. Las dietas que se autorizan en estos municipios
van acorde al ingreso promedio de la población. No es así el caso de municipios
que tienen rango de ciudades, en donde podemos encontrar dietas de concejales
que de acuerdo al tabulador nacional de profesiones, en muchos de los casos se
supera al ingreso de un profesional con grado de doctorado, cuyos emolumentos
mínimos son de 50 mil pesos.
De verdad ¿será tan extenuante y agotador el trabajo de los concejales
de Ayuntamientos como el de Santiago Juxtlahuaca?, que perciben ingresos muy
superiores en relación a otros municipios de la zona. Amén, de los gastos de
representación y viáticos que generan cuando se trasladan a cualquier lugar por
el motivo que sea, al menos el munícipe Miguel Mejía Sierra, lo hace con mucha
frecuencia porque es casi imposible localizarlo en horarios de oficina, si
existe algo de suerte se le puede encontrar lunes o viernes. Honestamente no lo
creemos, más bien lo vemos como la oportunidad de sus vidas para alcanzar un
mejor posición socioeconómica.
Es por ello, que ante la cantidad de recursos que maneja el
Ayuntamiento de Juxtlahuaca y las jugosas dietas que se asignaron los concejales,
se vale EXIGIR que cumplan con lo que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Oaxaca. No hay pretexto que valga. Es lo
mínimo que pueden hacer para tratar de remendar la imagen que ya tienen de
incompetentes.
Juxtlahuaca es uno de los municipios más importantes de la mixteca, sin
embargo, su realidad e infraestructura urbana no ha cambiado en muchos años. El
deterioro de sus calles es evidente, el comercio informal en aumento e
invadiendo una buena parte del centro de la población, la violación a los
derechos humanos de los integrantes de la etnia Triqui es pan de todos los
días.
Lo mismo se puede decir de la inseguridad que sigue igual o peor que en
otros años, las disputas con las
agencias municipales por la asignación de recursos no han variado. En fin, un
rosario de problemas que pocos muy pocos saben si realmente se están
atendiendo. La conducción de una administración municipal que no transparenta
el uso de sus recursos es lo que hasta
ahora todo mundo conoce. Y aun cuando la
divulgación de ésta información es obligatoria, parece que en el caso de
Juxtlahuaca es secreto de estado.
