OPINIÓN: A Reserva
**Si los salarios que se destinan a
la alta burocracia fuera la medida del desarrollo, Oaxaca sería del primer
mundo.
Bárbara García Chavez
Oaxaca ha tenido los pasados dos
años, a luz vista, un gobierno trivial, ineficiente y con mucha más pena que
gloria. Eso lo sabe quien vive en Oaxaca –en cualquiera de sus regiones- y
enfrenta día a día la inoperancia cotidiana que insulta la dignidad ciudadana y
rompe el sesgo de la apatía frente a la creciente inseguridad, la falta de
oportunidades, el desempleo,
la insuficiencia o nula
prestación de servicios públicos, el imperativo incierto de la justicia y sus
privilegios, la informalidad de la economía promovida desde el Estado, la
indignante escalada de la Sección 22 del SNTE en acuerdos y cochupos que
denigran cada vez más la educación pública con la complacencia del gobierno,
los pésimos servicios de salud o en más casos de los que se quisiera la falta
de acceso a ellos, impunidad y corrupción cínica y ofensiva y claro la crítica
pobreza y la creciente desigualdad.
Los entrecejos en el ejercicio
del poder se pliegan a profundidad cuando de dinero se trata. Las historias de
abuso, enriquecimiento ilícito e inexplicable, pago de cuotas y favores, compra
de medios de comunicación, refuerzos al culto de la personalidad del todo
poderoso y otras bajezas se vislumbran siguiendo la ruta del dinero.
Es evidente, las estadísticas son
francas, no mienten, Oaxaca es uno de los estados más pobres de la república
mexicana, como asentó hace menos de seis meses el titular de la Secretaría de
Desarrollo Social y Humano, Gerardo Albino González, frente al representante
del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, afirmando
que la marginación y pobreza extrema se refleja en 172 municipios, siendo San
Juan Tepeuxila la más pobre de las localidades del país.
Por supuesto este reconocimiento
no implicó un mea culpa del gobierno, solo fue para efectos de convenir más
recursos emergentes, que con desfachatez argumentan serán para programas de
combate a la pobreza y con ello poder atender el rezago que se está viviendo en
Oaxaca.
Pues sí que resulta insolente que
un gobierno que confiesa la pobreza de su pueblo se adjudique en nómina de
funcionarios las más altas remuneraciones como pago de su incompetencia,
implícita procazmente en su declaratoria de pobreza, con la finalidad obscena y
demagógica de aplicar programas contra la pobreza.
Las siguientes cifras que se
informan son las dictaminadas por la Comisión Permanente de Presupuesto y
Programación y autorizadas por el pleno de la Cámara de Diputados del Estado
para el ejercicio 2013, como ejemplo de la falacia que ha significado “el
cambio democrático” del gobierno de la paz y el progreso. Y si como afirma el
gobernador de Oaxaca Gabino Cué gana un “salario” de 105 mil pesos mensuales,
entonces muchos otros en su gobierno ganan más que él.
Habría que empezar por los
partidos políticos, semilleros naturales de personajes habilitados en la
función pública, siete nacionales y dos más estatales, a todos se les entregan
90 millones 533 mil 775 pesos de pesos, precisando que son PRI, PAN y PRD los
que se llevan más de dos terceras partes de este recurso, además, claro, del
presupuesto que se les asigna por la federación.
Las y los diputados reciben una
dieta de 54 mil 711 pesos sin contar sus bonos extras, recuperación de gastos y
patrocinio parlamentario, se les asignan hasta cinco y en algunos casos más asesorías
cuya remuneración mensual es de 13 mil 849 pesos cada una, pueden ser incluso
su personal doméstico, parientes o pareja en turno sin problema alguno. Hay
quienes solo consiguen alguna credencial electoral, lo que es suficiente para
recibir el recurso de algún fantasma o aviador.
La Auditoría Superior del Estado
que es el órgano técnico del Congreso que tiene a su cargo la revisión y
fiscalización de la Cuenta Pública de los Poderes del Estado y Municipios, su
presupuesto se cocina aparte, y resulta que el auditor Carlos Altamirano
Toledo, de origen perredista, gana la friolera de 109 mil 963 pesos, cuota
importante que asegura la obediencia del auditor a los designios del
gobernador, igual que lo hacía la ex auditora Lizbeth Caña Cadeza con su jefe Ulises Ruiz ¿Cuál
cambio?
En el poder judicial el escandalo
es mayúsculo, resulta que el presidente magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas
Rivera, recomendado especial de quien fue suplente de Gabino Cué Monteagudo en
el Senado al asumir el cargo de gobernador, sin experiencia judicial alguna,
igual que los presidentes del Tribunal Superior que nombraban los gobernadores
priistas, gana más que el mismo gobernador: 171 mil 716 pesos mensuales, claro
que hay que considerar el peso mediático de su padrino. Lagunas Rivera gana
casi cinco veces más que lo asignado a las y los jueces y diez veces más que un
secretario de acuerdos o uno de estudio y cuenta en los que recae buena parte
del trabajo judicial.
En la Secretaría de
Administración los altos funcionarios, léase el secretario Alberto Vargas
Varela, que gana 133 mil 923 pesos en contraste con las decenas del personal de
confianza y por contrato, cuyo sueldo oscila entre cinco y ocho mil pesos
mensuales. Eso sin contar su falta de humanidad y soberbia del funcionario
capaz de darle la espalda a quien fuera uno de sus mejores amigos en otros
tiempos y que enfermo le solicitó ayuda.
La recién creada Defensoría de
los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, tiene asignado un presupuesto
salarial casi de lujo, el Defensor Arturo Peinbert, obtiene cada mes 116 mil
800 pesos en contraste con el sueldo del intendente que percibe ocho mil 827
pesos. Este señor ni su boda tuvo que pagar, pues fue un regalo del gobernador
a la novia que es su queridísima secretaria privada.
El consejero presidente del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Alberto Alonso
Criollo, gana 123 mil 663 pesos. En 2013, año de elecciones intermedias, deberá
justificar su autonomía y eficacia.
Las percepciones a altos
funcionarios de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca explican la
guerra campal a la que están dispuestos a someterse por ganar la rectoría,
incluyendo personajes que parecían profesionistas desinteresados de la
educación y que sin recato se han deschongado por acceder al poder
universitario, para ser de los 10 que ganan 181mil 221 pesos, encabezados claro
está por el rector.
Ello
significa obtener más ingresos que cualquier funcionario público de “primer
nivel” del gabinete estatal. Sin duda, ser rector es un gran negocio para toda
la vida, una especie de seguro, ya que siguen obteniendo “un pago”
indefinidamente por la nada despreciable suma de 110 mil 847 pesos mensuales;
también sucede que un ex director de escuela o facultad en esta universidad
gana más que aquellos que están en funciones; aberraciones que no suceden en
ninguna universidad del mundo. Tal vez esta situación propicia que la avaricia
rebase las expectativas de calidad académica que hace mucho quedó distante, los
resultados están a la vista desde hace décadas.
La disimilitud del presupuesto a
los organismos autónomos se refleja ofensivamente en el carácter
asistencialista de este gobierno que otorga un presupuesto gigantesco de 378
millones 490 mil 437 pesos para gastos del DIF fundamentalmente discrecionales
¿qué significa esto? Usted imagínese lo que quiera.
La cortedad de la visión del
gobierno ciudadano se concretiza en el aberrante y disminuido presupuesto que
se destina a Ciencia y Tecnología, con tan solo de cuatro millones 598 mil 56
pesos en comparación al presupuesto referido al turismo hasta ahora dirigido
con políticas ramplonas de 315 millones115 mil 724 pesos que se contradice con
el menor presupuesto que a la lengua, cultura e identidad indígena se le haya
asignado, la insultante cifra de tan solo 864 mil 510 pesos, en una entidad que
promueve el turismo fundamentalmente basado en la identidad indígena.
En el rubro de la obra pública e
infraestructuras de destinaron un mil 172 millones 986 mil 45 pesos, cifra que
se manipula y disfraza en los contratos de asignación directa, permitiendo la
indeseable e inhumana “lista de raya” donde se contrata por la dependencia que
jefatura el millonario empresario constructor Netzahualcóyotl Salvatierra a
cientos de trabajadores eventuales con salarios de hambre y sin ninguna
seguridad social. Tal vez es la práctica en sus constructoras pero alguien
debería informarle que además de ser un ilícito está implicando responsabilidad
en su función pública.
Claro es que las remuneraciones
dignas deberían garantizar el buen desempeño en el servicio público, no siendo
así, resulta una verdadera afrenta a un pueblo empobrecido que sigue esperando
el cambio prometido que no se asoma y, evidentemente, se enriquecen quienes
ostentan el poder político que además en una pésima planeación financiera
atentan al sentido común, regateando el derecho a una vida digna que el Estado
tendría que garantizar no sólo al funcionariato sino a toda la población.
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